El socio del estudio jurídico CQS/FV José Maurício Fittipaldi analiza qué implica para la industria audiovisual la aprobada reforma de los Funcines y por qué tiene el potencial para reescribir las reglas del financiamiento audiovisual en Brasil.
El pasado 11 de mayo, Ancine puso en efecto la Instrucción Normativa 176/2026, una profunda reforma de los Funcines, los fondos de inversión con incentivos fiscales creados para financiar el audiovisual brasileño mediante la atracción de capital privado.
Y aunque pueda parecer una actualización técnica, la nueva regulación representa un cambio relevante para la industria audiovisual de Brasil y podría transformar la relación del sector con los inversores privados.
Es que la nueva normativa intenta eliminar varios de los principales obstáculos que durante años alejaron al mercado financiero de los Funcines: exceso de burocracia, inseguridad jurídica, límites rígidos de inversión y plazos de retorno poco compatibles con la realidad de la industria audiovisual.
En resumen, la nueva normativa reduce superposiciones regulatorias, flexibiliza los modelos de inversión y retorno para inversionistas, y extiende los horizontes de retorno para proyectos de infraestructura hasta 20 años.
En otras palabras, se busca convertir a los Funcines en un vehículo realmente atractivo para el capital privado.
Un reto que, pese al potencial de la herramienta, no se había logrado concretar hasta ahora: entre 2019 y 2024 los Funcines financiaron menos del 1% del total apoyado por los mecanismos de incentivo administrados por Ancine.
Y la reforma llega en un momento clave. Brasil lleva años consolidándose como una potencia audiovisual regional. El sector representa cerca del 0,6% del PIB brasileño, mueve más de R$ 70.000 millones (US$ 12.500 millones) al año y genera más de 600.000 empleos directos e indirectos.
Solo en 2025, además, el sector recibió R$ 1.410 millones (US$ 252 millones) en inversión pública, el mayor volumen de su historia.
Sin embargo, el modelo de financiamiento del audiovisual brasileño sigue dependiendo excesivamente de recursos públicos.
Ese era precisamente el objetivo original de los Funcines: crear un puente entre el mercado financiero y la industria audiovisual, permitiendo que empresas privadas inviertan en producción, distribución o infraestructura audiovisual y puedan descontar parte de esa inversión de sus impuestos.
Uno de los cambios más importantes de la nueva normativa es, justamente, la eliminación del tope de inversión de R$ 7 millones (US$ 1.5 millones) por proyecto, permitiéndose la inversión en proyectos de escala y retornos más grandes.
Se eliminan también las limitaciones al retorno de inversores en régimen de recuperación prioritaria y a la inversión en P&A de películas (las políticas de inversión de los fondos, que deben aprobarse por Ancine, tienen flexibilidad para equilibrar las inversiones en producción y distribución bajo una lógica de portafolio, y no más en cada proyecto individualmente).
Además de eliminar superposiciones regulatorias que generaban inseguridad jurídica y alejaban a potenciales inversores, la nueva estructura deja en manos de la CVM la regulación financiera de los fondos, mientras Ancine se enfoca en aprobar las políticas de inversión y supervisar los proyectos audiovisuales financiados.
También cambia la lógica de retorno de las inversiones. La normativa anterior imponía un límite uniforme de 10 años para recuperar inversiones, independientemente del tipo de proyecto.
Eso resultaba incompatible con inversiones de infraestructura como estudios, laboratorios o plataformas tecnológicas. Ahora, los proyectos de infraestructura podrán tener horizontes de retorno de hasta 20 años, mientras que las producciones audiovisuales y videojuegos tendrán plazos más compatibles con sus ciclos comerciales reales.
En la práctica, esto abre la puerta a proyectos de mayor escala, incluyendo estudios virtuales, plataformas de VFX, laboratorios de postproducción o sistemas tecnológicos para distribución digital.
Nada de esto, individualmente considerado, garantiza automáticamente una avalancha de inversiones. Pero sí representa una señal clara de que Brasil entendió que el crecimiento sostenible de su industria audiovisual no puede depender únicamente de fondos públicos, y que la industria debe mantenerse atractiva al capital privado para que pueda alcanzar desarrollo sostenible y de largo plazo.
La nueva regulación de los Funcines apunta exactamente en esa dirección, y esperamos que la aplicación de la normativa por Ancine camine también bajo estos principios.
