Una jueza federal de Estados Unidos emitió una orden de restricción temporal contra la propuesta de Paramount Skydance (PSKY) para adquirir Warner Bros Discovery (WBD), después de que una coalición de 12 estados presentara la semana pasada una demanda antimonopolio para bloquear la operación, valorada en US$ 110.000 millones.
Araceli Martínez-Olguín, jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, concedió este lunes la orden, que impide a PSKY cerrar la operación durante los próximos 14 días.
La medida paraliza la fusión mientras el tribunal evalúa si dicta una orden judicial preliminar que, de ser concedida, bloquearía la operación mientras dure el proceso judicial. La decisión llega después de que ambas partes presentaran sus argumentos en una audiencia celebrada el viernes.
En su resolución, Martínez-Olguín afirmó que la coalición presentó “pruebas convincentes de que la compañía resultante de la operación tendrá una cuota de mercado sustancial en el sector de distribución cinematográfica de wide-release”.
La demanda, encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, sostiene que la combinación de los negocios cinematográficos y los portfolios de canales de televisión de pago de ambas compañías “extinguiría” a la competencia.
Además de California, participan en la demanda Nueva York, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Washington.
PSKY rechazó los argumentos y aseguró que la demanda “se basa en una tergiversación de la competencia en la industria actual del entretenimiento”. La compañía reclamó además que la demanda sea desestimada por su aplicación “fundamentalmente errónea” de las leyes antimonopolio.
Martínez-Olguín fijó para el 3 de agosto una audiencia en la que decidirá si concede la orden judicial preliminar. La medida podría convertirse en un importante obstáculo para PSKY, ya que el litigio podría prolongarse durante meses o incluso años.
PSKY ha reiterado que pretende cerrar la operación antes del 30 de septiembre. Si supera esa fecha, la compañía liderada por David Ellison acordó pagar a los accionistas de WBD una comisión por demora de US$ 0,25 por acción y trimestre.
La comisión supondría alrededor de US$ 650 millones trimestrales, o aproximadamente US$ 7 millones diarios. Si la operación finalmente se frustrara, PSKY tendría que pagar una penalización regulatoria de US$ 7.000 millones por la rescisión del acuerdo.
Bonta calificó la orden temporal como una “primera victoria crucial” para garantizar que la “ilegal” megafusión “nunca vea la luz”.
El fiscal fue contundente en su determinación por seguir adelante con esta lucha: “La historia nos muestra lo que ocurre cuando unas pocas personas concentran un gran poder sobre mercados esenciales para la vida de los estadounidenses: menos oportunidades para más personas y peores productos y servicios para todos. Con nuestra demanda, luchamos por un mercado libre y justo y por una industria cinematográfica y televisiva próspera que sirva tanto a los creativos como a las audiencias. Tenemos el depósito lleno, la ley de nuestro lado y esperamos poder seguir defendiendo nuestros argumentos”.
