Con la publicación de sus lineamientos, el esperadísimo incentivo fiscal mexicano comienza a operar. Y aunque inicia una etapa de dinamismo en la financiación audiovisual, el sector local aún busca respuestas sobre cómo funcionará en la práctica.
Tras años de reclamos por parte del sector local, el esperado incentivo fiscal a la producción audiovisual en México ha entrado finalmente en su fase operativa.
El esquema contempla un crédito fiscal de hasta 30% del Impuesto sobre la Renta aplicado al gasto realizado en el país, con un tope de 40 millones de pesos (US$ 2,3 millones) por proyecto o proceso.
Sin embargo, su llegada no coincide con el auge de producción impulsado por las plataformas, sino con una desaceleración evidente del mercado, que obliga a replantear cómo se financian los proyectos.
“Lo que ha pasado en los últimos años es que el mercado cambió drásticamente. La burbuja que generó la pandemia, donde había una gran cantidad de originales y trabajo constante, poco a poco se fue reduciendo. Hoy estamos en un escenario donde la demanda de contenido se ha contraído y donde varios jugadores han ajustado su nivel de producción”, comenta Alonso Aguilar, que recientemente cerró su etapa como head de originales internacionales para México en Amazon MGM Studios y lanzó su sello Ultramar Studio.
Ese cambio dejó al descubierto las limitaciones de un modelo que durante años dependió en gran medida de la inversión directa de plataformas.
“Venimos de una lógica en la que o hacías contenido autoral con fondos como Eficine o trabajabas directamente con una plataforma que financiaba todo”, añade Aguilar.
“Este tipo de instrumentos abre una manera distinta de financiar proyectos, un camino intermedio, donde puedes estructurar financiamiento mixto, combinar incentivos fiscales con preventas internacionales y mantener un mayor control creativo sobre los proyectos”.
Desde el sector público, la implementación del mecanismo busca detonar actividad económica a partir de la producción audiovisual.
Erwin Neumaier, del equipo de coordinación técnica del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), destaca la capacidad de los rodajes de generar empleo de manera directa e indirecta.
“Al exigir que una parte importante del gasto se realice en México, se garantiza el uso de talento, de infraestructura y de proveedores nacionales, desde la producción hasta la posproducción”, dice.
Además del impacto en la inversión directa, el diseño del incentivo apunta a expandir sus efectos en todo el ecosistema, al exigir que al menos el 70% de los proveedores sean nacionales.
“Cuando vienes a filmar y tienes garantizado ese 70% en proveeduría, tienes garantizado el 25% del estímulo. Y tienes un 5% adicional si filmas fuera del urbano conocido, es decir, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Eso da como resultado estimular también la creación de infraestructura, talento y rodaje fuera de las zonas urbanas”, explica Neumaier.
Además, el esquema incluye componentes vinculados a la formación de talento y al desarrollo creativo, lo que abre la posibilidad de que los proyectos funcionen también como espacios de capacitación para nuevas generaciones.
La comunidad creativa y de producción mexicana celebró el lanzamiento del incentivo, aunque también empezó a plantearse preguntas todavía difíciles de responder.
“Los incentivos nunca son suficientes, y las reglas las estamos todos estudiando porque no son sencillas. Hay muchos elementos que entender, especialmente en la forma en que funciona el crédito fiscal y cómo se puede aprovechar en la práctica”, reconoce el director y productor mexicano Daniel Gruener.
Para Gruener, el incentivo también llega a despresurizar un sistema que hasta ahora descansaba en pocos instrumentos.
“En estos momentos, Eficine es como la única respuesta que tenemos en términos de incentivo a la producción en México, y todo el mundo se quiere agarrar por ahí. No hay dinero que alcance. Entonces este nuevo incentivo va en otra dirección, va a funcionar distinto”, señala.
Esto conecta con una realidad que la industria ya conoce. Durante años, herramientas como Eficine han operado bajo una lógica de alta demanda y recursos limitados, lo que año tras año deja fuera a una gran cantidad de proyectos. El nuevo esquema propone una alternativa, pero también exige nuevas capacidades para estructurar el financiamiento.
A diferencia de otros territorios donde los incentivos se estructuran como devoluciones directas, el modelo mexicano sigue la línea del colombiano y el ecuatoriano, basados en un crédito fiscal transferible. Esto implica que el beneficio no necesariamente se recibe en efectivo, sino que debe de ser monetizado a través de terceros, lo que introduce una capa adicional en la estructuración financiera de cada proyecto.
“La certeza es la base de todo. Sin certeza no hay conversación posible con un inversionista extranjero. Lo relevante de este incentivo es que por primera vez hay reglas publicadas, un comité con responsabilidades claras y un proceso definido. Eso da a los productores algo concreto que presentar cuando buscan financiamiento”, opina Abraham Erick Ramírez, CEO de Summit Finance, especializada en la gestión de finanzas de producción audiovisual.
Pero incluso con ese avance, el reto no desaparece. “El riesgo no está tanto en cobrar el incentivo, sino en el proceso previo. La pregunta es si el proyecto va a ser aprobado y en qué condiciones. Y eso es algo que todavía se tiene que probar en la práctica”, agrega.
La discusión también se inserta en un contexto internacional donde otros mercados han logrado consolidar sus esquemas. Países como Colombia o España no solo ofrecen porcentajes competitivos, sino que lo sostienen con tejido industrial sólido y sistemas que han probado su funcionamiento a lo largo del tiempo.
“Si un CFO hace el benchmarking que haría cualquier profesional serio, la comparación más natural del incentivo es con Colombia y España. En porcentaje, México ya se sienta en la misma mesa. En madurez institucional, todavía está construyendo la silla”, afirma Ramírez.
A todo se suma un elemento menos visible, pero que en la operación será igual de relevante. Al tratarse de un instrumento transferible, su valor real depende de la capacidad de encontrar compradores con suficiente carga fiscal, lo que en la práctica limita el universo a grandes corporaciones y obliga a los productores a construir relaciones o apoyarse en intermediarios especializados.
Desde la perspectiva de la infraestructura audiovisual, el incentivo se percibe como un complemento más que como un factor decisivo.
“México no es un país que dependa del estímulo para ser competitivo. Tiene una base muy sólida en términos de infraestructura, talento y capacidad técnica. Eso es algo que ya existe y que ha permitido que el país sea atractivo para producciones internacionales”, afirma José Antonio Suárez, director de IP9 Studios.
Para el ejecutivo, el reto está en cómo se articula el incentivo con esas fortalezas.
“El estímulo suma, pero todavía hay áreas donde falta claridad, sobre todo en cómo se comunica y cómo se integra con otros apoyos, incluidos los incentivos locales que están empezando a surgir en distintos estados. Creo que no se ha hecho la suficiente campaña para que se entienda bien cómo funciona”, agrega.
Así, México afronta el desafío de asentar primero todas las condiciones del incentivo en papel y luego demostrar que puede operarlo con consistencia.
La expectativa de la industria está puesta en los primeros proyectos que logren recorrer todo el proceso, desde la aprobación hasta la monetización del crédito fiscal.
Como bien señala Aguilar: “Este tipo de instrumentos no se entienden hasta que se usan. Hay que empezar a trabajar con ellos, ver cómo funcionan en la práctica y hacer los ajustes necesarios”.
