Un grupo de productores brasileños reunidos esta semana en el Gramado Film Market publicó este miércoles su “Carta de Gramado” de 2023, en la que reclaman medidas como cuotas de contenidos, derechos de autor y regulación VOD para impulsar el audiovisual brasileño.
El documento (que se puede leer de manera íntegra aquí) reclama tres marcos legales “fundamentales” para el desarrollo de la industria local y la valorización de la cultura nacional.
Por un lado, los productores piden que se vuelvan a establecer cuotas de contenido brasileño en cine y TV paga.
En cine, señalan, las cuotas fueron originalmente establecidas en 1932 y permitieron al cine brasileño ocupar el 20% de la oferta en salas. Hoy, advierten, la oferta de cine brasileño está reducida a apenas el 1%.
En TV paga, la ley 12.485 estableció en 2011 las cuotas nacionales, pasando del 1% de la oferta al 20% en 2022. Ahora señalan que ese porcentaje se redujo al 3,8%.
Otra medida que piden regular es la de la retención de los derechos de autor para autores, directores y productores tal como ya sucede en “numerosos países”.
Finalmente, el texto pide celeridad en la regulación del VOD, mercado en el que Brasil ya es el quinto mercado más importante a nivel mundial.
“Para que la producción independiente brasileña se pueda desarrollar de manera justa y saludable es fundamental garantizar la presencia de títulos brasileños en las plataformas y que estos se destaquen dentro de los catálogos”, opinan.
“También es fundamental establecer una contribución para el desarrollo de la industria brasileña (Condecine) y un mecanismo de inversión directa para la producción independiente. Esos mecanismos deben asegurar la propiedad intelectual y patrimonial para las productoras independientes”, agregan.
Los reclamos se dan justamente cuando la Cámara de Diputados de Brasil acaba de aprobar el tratamiento de “manera urgente” del proyecto de ley 8.889/2017, del diputado Paulo Teixeira (PT-SP), que busca justamente regular el mercado VOD en Brasil.
Con esta aprobación, el texto deberá ser tratado por los legisladores en entre 60 y 90 días.
