Pedro Almodóvar, Guillermo Francella, Juan José Campanella y Adrián Suar se sumaron a más de 800 referentes de la industria audiovisual que firmaron una petición dirigida al Congreso para frenar el intento de eliminar las fuentes específicas de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
La presión del sector argentino e internacional logró finalmente postergar el desfinanciamiento hasta el 1 de enero de 2028, en la antesala del debate de la reforma laboral en el Senado.
El proyecto original contemplaba la derogación inmediata de los artículos que garantizan los recursos propios del organismo, principalmente el 10% sobre las entradas de cine, el 10% sobre la venta y alquiler de videogramas y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), lo que hubiera obligado al INCAA a depender exclusivamente de partidas asignadas anualmente por el Presupuesto Nacional.
La nueva redacción del artículo 210 retrasa esa modificación hasta 2028, permitiendo que durante 2026 y 2027 el instituto continúe operando con su esquema de financiamiento actual.
La marcha atrás se produjo luego de intensos reclamos en medios, convocatoria de manifestaciones y una campaña internacional encabezada por la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), que advirtió sobre el riesgo de un “apagón audiovisual” en Argentina.
Desde FIPCA señalaron que la eliminación de las asignaciones específicas hubiera dejado al INCAA “a merced del Ministerio de Economía”, comprometiendo la continuidad de una industria que genera empleo, exporta servicios y compite en mercados internacionales.
También recordaron el antecedente de Brasil, donde el debilitamiento de su agencia audiovisual entre 2019 y 2022 derivó en una fuerte contracción del sector, y señalaron que el retroceso de esas políticas permitió la recuperación de proyectos de renombre internacional como ‘Aún estoy aquí’ y ‘El agente secreto’.
Cuando se acerque el nuevo plazo en 2028, año en que además ya se habrá celebrado la próxima elección presidencial, el sector deberá retomar la negociación para evitar que entre en vigor el esquema previsto en el artículo 210.
No obstante, aún existe la posibilidad de que dicha disposición sea rechazada durante el tratamiento particular del proyecto en el Senado o posteriormente en Diputados.
