La diputada oficialista Jandira Feghali (PCdoB/RJ) y relatora del proyecto de ley (PL) 2.331/22, popularmente conocido como el “PL do streaming”, presentó este martes en Brasil modificaciones con respecto al texto original aprobado en el Senado y que busca regular las plataformas de streaming en el país.
Brasil viene debatiendo desde el año pasado la introducción de regulaciones al mercado del streaming, en la misma línea de lo que ya hizo el país en 2011 con la TV paga.
Sin embargo, las elecciones municipales del año pasado retrasaron el debate, que se está retomando este año.
Entre las modificaciones presentadas por Feghali y que deberán ser ahora debatidas en la Cámara de Diputados de Brasil destaca el aumento del impuesto Condecine (Contribución para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional) del 3% de los ingresos anuales establecido en el proyecto original al 6%.
Según Feghali el nuevo porcentaje está alineado con la práctica internacional de otros países y responde a “la magnitud y el potencial del mercado audiovisual brasileño”.
Se duplica también la cuota mínima de contenido brasileño en los catálogos de los streamers, pasando del 5% original al 10%.
Según la relatora, el porcentaje inicial es “insuficiente para promover el desarrollo sostenido del sector audiovisual brasileño” y está “en descompás con las prácticas regulatorias de otros países”.
De ese 10%, además, el 60% deberá ser contenido independiente brasileño (el texto original establecía el 50%). De acuerdo a la diputada se trata de una medida esencial para estimular la producción independiente.
Otra medida destacada es la reducción del plazo de adaptación, que se acorta de ocho a cuatro años ya que el plazo original era “excesivamente largo” y el mercado brasileño ya cuenta con “pujanza” y “disponibilidad de contenidos suficientes para cumplir rápidamente con las nuevas obligaciones”.
El nuevo texto modifica además el período de exención de los contenidos ofrecidos en catch-up de un año a un mes e introduce una cláusula que obliga a los proveedores de servicios de VOD a hacer públicos los datos relativos al número de horas consumidas y visualizaciones de las obras audiovisuales en sus catálogos.
