El proyecto se debate a contrarreloj para ser aprobado antes de octubre o, de lo contrario, podría quedar relegado para 2025. Entre voces que lo califican de “excesivamente intervencionista” y otras que hablan de la urgencia de proteger el IP, se trata de una medida seguida con interés por toda la industria internacional.
En octubre de 2024 habrá elecciones municipales en todo Brasil. Y, aunque suene extraño, el futuro de la industria audiovisual brasileña y el interés de buena parte de la industria latinoamericana dependen de esa cita.
Es que con dichas elecciones se interrumpirá la actividad legislativa de todo Brasil, que debate por estas horas la definición de la nueva regulación del streaming.
Es un hecho que la regulación sucederá, dado que hay amplio consenso entre streamers, productores y autoridades para hacerlo, pero el tema es cuándo.
Si no se aprueba antes de octubre, el proyecto podría quedar paralizado hasta al menos el 2025.
“Por las conversaciones que he tenido, los streamers hasta prefieren que haya regulación. El razonamiento es que es preferible tener una legislación en base a la que te puedas pelear que no tener nada y quedar expuesto a cualquier cosa”, expresa Luiz Noronha, productor con 25 años de experiencia a nivel local y CEO de A Fábrica, productora recientemente adquirida por el grupo internacional Banijay.
Esto tiene sentido al considerar que la inversión en medios en Brasil creció 10,4% en 2023, alcanzando un valor de R$23.400 millones (unos US$ 4.500 millones) según datos de Cenp-Meios.
Las cifras marcan un resurgir de la inversión en el país luego años de estancamiento provocados por una combinación de la pandemia y el ausentismo del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).
En este contexto, se contraponen dos visiones principales.
Por un lado, la de la Motion Pictures Association (MPA), que representa a Disney, Netflix, Paramount, Warner Bros. Discovery, Sony y NBCUniversal, enfocada en asegurar la menor intervención posible de la regulación en sus negocios, tanto a nivel de cobro del impuesto Condecine (Contributivo para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional) como de la imposición de obligaciones para con el contenido local.
Por el otro la del Ministerio de Cultura del oficialismo progresista, que busca que el negocio de las corporaciones colaboren con el impulso de los contenidos brasileños independientes para desarrollar el sector de manera más equitativa.
Las asociaciones de productoras y sindicatos, obviamente, están mayormente alineadas con esta última.
Entre los muchos aspectos que se buscan regular a través de dos proyectos de ley (PL) que deberán votarse juntos (el PL 2.331/22, que ya cuenta con media sanción en el Senado, y el PL 8.889/17, actualmente en debate en diputados), hay tres que generan mayor controversia: el porcentaje de Condecine que pasarán a pagar los streamers en base a su facturación total; el porcentaje de ese aporte que los streamers podrán descontar a partir de inversiones en producción local; y quién se queda con la propiedad intelectual de las obras producidas con fondos públicos.
El primer punto ya ha generado enfrentamientos subidos de tono.
“Infelizmente, el PL 8889/2017, en su versión actual, introduce un riesgo fundado de aumento de costos para los consumidores, reducción de inversiones y obstáculo a la competitividad”, dice la carta de la Motion Pictures Association (MPA) enviada el 21 de mayo al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
La respuesta de los productores no se hizo esperar: “Es falsa la información de la MPA con la absurda insinuación de riesgos de aumentos de costos para los consumidores del streaming (…). Es inaceptable que una asociación norteamericana de reputación histórica tendenciosa tan conocida quiera interferir en la legislación brasileña de forma tan ostensiva”, reza la carta subsiguiente firmada por la Asociación Brasileña de Producción de Obras Audiovisuales (Apro) y el Sindicato de la Industria Audiovisual del Estado de San Pablo (Siaesp).
La reacción de la MPA se basa en números, pues el PL 8.889/2017 prevé hasta 6% de aportes para los streamers (el doble que el PL aprobado en el senado, que contempla hasta 3%).
También hay una diferencia entre proyectos en cuanto a la posibilidad de descontar estos aportes con “la aplicación directa de recursos equivalentes” volcados al sector: el PL del senado permite hasta 60% de “rebate”, mientras que el de diputados lo reduce a 50% y le impone más restricciones.
“Creemos que una regulación excesivamente intervencionista puede generar efectos contrarios a los pretendidos. En vez de colaborar con el desarrollo sostenible de nuestro sector, puede desestimular la inversión y afectar al consumidor. Entendemos que tiene que haber un respeto a la no interferencia de las dinámicas fluidas que existen hoy en el mercado brasileño, que han posibilitado el crecimiento expresivo del sector”, expresa Andressa Pappas, directora de MPA Brasil.
En la otra vereda, los productores independientes rechazan una norma que les permita a los streamers descontar impuestos con inversiones de mejora de sus propias instalaciones de producción y ni siquiera restringe que esta posibilidad suceda exclusivamente en casos de IPs controlados por productores.
En este sentido, el Ministerio de Cultura espera poder lograr en diputados lo que no logró en el senado: incluir artículos que aumenten las posibilidades de los independientes de retener IP.
“En los últimos años, tuvimos un aluvión de dinero invertido en proyectos, lo cual fue muy positivo, pero solamente en servicios de producción. Eso empobrece nuestra cultura y nuestros creativos, porque no retenemos IP. Esto es urgente: en la industria de formatos aprendimos lo que es el valor del IP, que se rentabiliza y trae la capacidad de multiplicar esa propiedad en muchos países y tener un control de esa reproducción. ‘Gran hermano’ sigue viajando hasta hoy”, expresa al respecto Daniela Busoli, vicepresidenta de Siaesp y CEO de la productora Formata.
“Quizás sea un exceso de intervención, pero es necesario, porque se trata de un bien cultural”, dice el director-presidente de la Agencia Nacional del Cine (Ancine), Tiago Mafra.
“Pero lo esencial de este modelo es que por un lado se tributa, pero por otro se crean mecanismos para equilibrar la ecuación y bonificar determinados comportamientos, como la inversión directa en contenidos brasileños. Es un modelo eficiente que ya ha funcionado en el caso de la TV paga: se crean cuotas pero también se crean posibilidades para que las empresas inviertan, obteniendo productos para sus propias grillas, logrando mitigar los efectos financieros”.
Mafra destacó que el debate se viene dando de manera inclusiva, con los parlamentarios solicitando a Ancine y al Consejo Superior de Cine su asesoramiento técnico, pero que en última instancia se deberán tomar decisiones políticas, las cuales dependen de los legisladores.
Estas se refieren, en particular, a la protección e impulso de contenidos brasileños en base a cuotas establecidas para los catálogos de los streamers (hoy situadas entre 4 y 5% de los contenidos ofrecidos) y a la llamada “prominencia”: introducir “mecanismos de catalogación para asegurar la visibilidad” de las producciones brasileñas en las plataformas.
Actualmente, 10.769 productores independientes en el país se benefician de políticas de financiamiento público. Sin embargo, según el estudio “Panorama sobre servicios de VOD en Brasil” publicado por Ancine en mayo, el análisis de más de 60.000 títulos dentro de las cinco plataformas SVOD de mayor audiencia en el país (Amazon Prime Video, Disney+, Globoplay, HBO Max y Netflix) muestra que solamente 8,5% de los contenidos son nacionales, mientras que 5,1% corresponde a independientes.
“La participación nacional es reducida en el mercado. Esto lleva a la necesidad de políticas que incentiven una mayor participación e inversión en contenido nacional independiente en el sector”, agrega Mafra.
Entre presiones de las partes involucradas, audiencias públicas y sesiones plenarias, el debate seguirá en los próximos meses, aún con fecha de cierre indefinida.
El momento actual tiene a algunos diputados solicitando que las plataformas que “comparten contenidos”, como se denomina en los PL a servicios como YouTube o Tiktok, no sean consideradas en la misma categoría que los servicios por suscripción (principales objetivos de la tributación que se viene), sino que tributen al mismo nivel que las plataformas denominadas “plenas”: aquellas que por tener al menos 50% de contenidos brasileños en su oferta aportarían solo 50% del Condecine.
Las próximas actualizaciones de los PL podrían venir por este lado.
En este largo camino de la regulación del streaming en Brasil, la sensación actual queda bien resumida en la opinión de Noronha: “La tecnología inevitablemente va mucho más rápido que la legislación, que no puede seguirle el ritmo porque la democracia necesita discutir. Esta diferencia de timing es el problema: aunque podamos llegar a un consenso sobre esta ley, los players del streaming están hace 10 años operando sin regulación alguna”.
