En plena transición política, y con el riesgo de quedar relegado ante los impulsos de otros países, México se acerca al objetivo de lanzar incentivos nacionales al audiovisual. Sin embargo, un sector de la producción local denuncia las excesivas exigencias que pretende imponer a cambio el Gobierno.
Desde América del Norte hasta Tierra del Fuego, prácticamente todos los países latinoamericanos se encuentran hoy trabajando de una manera u otra para atraer el mayor número de producciones audiovisuales a su territorio.
Los programas de incentivos fiscales, junto con la modalidad de cash rebate, han sido las dos principales medidas tomadas por los Gobiernos de la región.
Pero México, a pesar del evidente peso de su industria de cine y televisión, sigue careciendo a día de hoy de un plan nacional de incentivos fiscales para la producción audiovisual.
La pregunta es: ¿lo necesita?
Según datos del 2023, la industria audiovisual representó el 1,25% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 11,6% del PIB de su capital, Ciudad de México (CDMX). Solo la CDMX, de hecho, reportó una inversión de US$ 583 millones en el sector en 2023.
Aunque son cifras impresionantes, según el director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México (CFILMA), Guillermo Saldaña, podrían aumentar hasta los US$ 800 millones si la ciudad contara con un estímulo fiscal.
Saldaña se suma al reclamo de muchos productores locales, para quienes es increíble que el país no cuente aún con un programa nacional de incentivos. Y quienes advierten del riesgo de perder competitividad.
No es casualidad que el reality original mexicano de Netflix ‘La ley de la selva’ haya elegido rodarse en Colombia, que la serie original de ViX ‘Isla brava’ recree México en las Islas Canarias o que la adaptación mexicana de ‘Still Standing’ se grabe en Uruguay.
“La inversión promedio en la CDMX por la industria audiovisual se encuentra entre US$ 550 y US$ 600 millones por año. Según nuestros cálculos, si se diera un incentivo podríamos pasar a US$ 800 millones por año, con la hipermeta de duplicar ese número”, dice Saldaña a Cveintiuno.
Un estudio reciente de la consultora Olsberg SPI confirma los dichos de Saldaña al afirmar que México podría duplicar la inversión en producción si aplicara incentivos fiscales.
Actualmente, solo el estado de Jalisco cuenta con un programa de incentivos a la industria audiovisual más allá de los estímulos fiscales nacionales que otorga el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) exclusivamente al cine local.
Filma Jalisco, la entidad pública que impulsa el incentivo, lanzó en 2022 una política económica que hoy cuenta con un cash rebate de hasta US$ 150 millones por año. Según Jorge Riggen, director de Filma Jalisco, el crecimiento de la industria en el estado ha sido desde entonces “brutal”, con una derrama económica de más de MX$ 817 millones (US$ 41,2 millones).
“Hace dos años lanzamos toda la política económica y el panorama de Jalisco ha cambiado radicalmente. Antes del 2022 veníamos creciendo un 20% estable y constante, pero a partir del año pasado crecimos más del 70% y la tendencia se sigue manteniendo para el cierre de este año”, agrega.
El plan nació inicialmente con una inversión de US$ 100 millones y este año la bolsa es de US$ 150 millones.
“No podría garantizar un incremento para el próximo año, pero el nuevo gobernador electo ya se pronunció al respecto y le va a dar continuidad a toda la política pública, no solo a los estímulos”, asegura Riggen.
A nivel nacional, en tanto, Cveintiuno pudo confirmar que tanto la presidenta electa Claudia Sheinbaum, como la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, tienen en su agenda continuar con el trabajo realizado por las administraciones anteriores en cuanto a este tipo de políticas. A partir de octubre de 2024, Sheinbaum y Brugada reemplazarán en sus respectivos cargos a mandatarios de Morena, el mismo partido político de izquierda al que pertenecen ambas.
Dentro del sector privado, la Cámara Nacional del Cine (Canacine), la Asociación Mexicana de Filmadoras (AMFI) y la Motion Picture Association (MPA) vienen siendo los principales impulsores de la creación de incentivos.
“Canacine tiene delegaciones en 13 estados de la República y la misión de cada una es desarrollar la industria fílmica. Para este desarrollo es muy importante contar con incentivos. No pueden ser fiscales, porque es la federación quien cobra los impuestos. Sin embargo, sí se pueden impulsar los cash rebates o cash back, donde los estados regresan un porcentaje de lo que se haya invertido en una filmación con el fin de atraerla”, comenta Tábata Vilar, directora general de Canacine.
“En el mundo existen más de 100 incentivos de este tipo. Y lo que Canacine hace es presentar números de toda la derrama económica. Buscamos que los Gobiernos estatales se sensibilicen sobre las oportunidades que las producciones llevan a sus estados”, agrega Vilar. “Porque también generan turismo. La gente decide cada vez más a dónde viajar a partir de lo que ve en sus pantallas. De hecho, ya existe el término de turismo de pantalla”.
Pero, si las cifras actuales y las proyecciones a futuro son tan positivas, ¿por qué sigue sin autorizarse a nivel nacional y en otros estados un incentivo fiscal?
La respuesta que se da por parte del Gobierno es que primero se debe de formalizar la industria audiovisual.
Según datos del presidente de Canacine, Avelino Rodríguez, el 75% de la industria audiovisual mexicana está conformada por trabajadores directos, indirectos o inducidos. Y se asume que la mitad está en la informalidad.
Es de conocimiento público que en el país se acostumbra a la contratación de empleados en modalidad freelance, con pagos en efectivo para saltarse controles fiscales y jornadas laborales que exceden lo permitido por la ley.
En las conversaciones que se mantienen entre Gobierno e industria ha surgido el requisito por parte de las autoridades de arreglar esto.
“Está la conversación en la mesa y estamos abiertos, pero para que nosotros abramos un incentivo debemos ver que hay dignidad laboral. Las empresas se tienen que formalizar, tienen que pagar impuestos. Y me refiero a que todos los crews deben de tener responsabilidad hacendaria, se debe pagar seguridad social”, enfatiza Saldaña de CFILMA.
Con estas medidas, defiende, el recurso humano del país contaría con bases sólidas, un trabajo bien pagado y condiciones dignas.
“Cuando pides un cash rebate o un tax rebate, todos entran a una auditoría natural, aquí o en China. Si formalizas completamente, tienes el 16% de IVA de regreso. Entonces podemos hablar de un 8% o un 9% para completar un 25% de lo que sería un incentivo. Pongamos en la mesa todos los elementos, no se puede dar lo uno sin lo otro”, agrega.
Según pudo saber Cveintiuno, el Gobierno mexicano se encuentra cercano a realizar movimientos en cuanto a los estímulos. Algunas fuentes aseguran que ya existe una propuesta formal para un estímulo del 26% tanto en la CDMX como a nivel federal pero, dado que el país se encuentra inmerso en una transición política, aún no ha habido declaraciones oficiales al respecto.
Sin embargo, y quizás paradójicamente, la incertidumbre e inconformidad del sector privado ha aumentado a niveles preocupantes ante los últimos acontecimientos.
Muchos de los productores consultados para este reportaje se mostraron “muy molestos” al respecto, ya que se habla de multas e incluso penas de cárcel en caso de no cumplir con los requisitos de formalización. Argumentan que el Gobierno no ha dado luz verde a ningún estímulo y que no existe compromiso alguno.
Al parecer, varios productores incluso amenazaron con formar una nueva asociación, inconformes con los movimientos y acuerdos de las organizaciones promotoras de esta situación.
Un productor mexicano declaró a Cveintiuno que las medidas que pide el Gobierno mexicano representarían para su empresa un incremento del 25% del costo en cualquiera de sus producciones. Por lo tanto, a su parecer, la propuesta fiscal de la que se habla beneficia exclusivamente al mercado internacional y perjudica a la producción nacional.
Muchas de las voces dentro de la industria también han expresado su preocupación por la centralización de la industria en la capital del país, que durante 2023 acogió 1.231 rodajes, lo que representa entre el 85 y el 90% de la producción nacional.
“Se necesita descentralizar en todos los sentidos al país, no solo en producciones. La ciudad de México está abarrotada de filmaciones. Yo siempre he tenido ese ‘happy problem’ porque nos llegan varias de esas producciones, pero se saturan las colonias y ha habido protestas. La solución es descentralizar”, comentó Jorge Riggen, que asegura que en Jalisco son los más interesados en que otros estados se unan a las políticas fiscales para que sea “atractivo el país, no solo una ciudad”.
La luz al final del túnel está ya a la vista para México. Mientras tanto, el resto de los países de habla hispana siguen avanzando con sus propias propuestas. Y absorbiendo producciones mexicanas gracias a sus ventajas comparativas.
La pregunta que se deberían hacer entonces gobierno, autoridades y productores no es si necesitan o no incentivos, sino cuánta pérdida de competitividad están dispuestos a asumir.
