Abogados de reconocidos estudios de Iberoamérica explican por qué su participación representa un ahorro para cualquier productor y cómo su presencia permite optimizar mejor la financiación de los proyectos.
Cuando Patricia Motilla comenzó a especializarse en temas audiovisuales, los abogados eran percibidos como “un bicho raro”, cuenta. “Nos veían como un gasto caro. No nos querían”.
Hoy, sin embargo, Motilla es socia del estudio jurídico Andersen y responsable del área de Cultura, Deporte y Entretenimiento de la firma, con la que ha estado involucrada recientemente en producciones como ‘Zorro’ (Secuoya Studios), ‘Isla brava’ (ViX) o la película nominada al Goya ‘Maixabel’.
“Fíjate si hemos avanzado, que hoy nos hemos convertido en un player interesante de la industria. Si no, no estaría dando esta entrevista, ¿no?”, bromea al ser consultada para este artículo.
Según Motilla, el cambio de percepción hacia los bufetes en España comenzó sobre 2017, cuando el país decidió convertirse en un mercado competitivo para la atracción de rodajes internacionales, aumentando de manera agresiva todos sus incentivos.
Y es que, con la devolución de impuestos (tax rebate) como vía elegida, el mecanismo español provocó un acercamiento hacia el audiovisual por parte del capital privado, que puede adquirir estos compromisos de devoluciones fiscales a modo de inversión, adelantando el dinero a los productores en etapas más iniciales de los rodajes.
Mientras que para el inversor es un negocio muy seguro, para el productor es una inyección de liquidez en un momento clave.
“El propio capital privado es el que va introduciendo la sinergia con los abogados, porque cualquier inversor lo primero que te va a pedir es que esté todo en regla. El incentivo fiscal ha sido un antes y un después”, asegura la abogada.
El ingreso de los abogados en el mundo audiovisual se dio, sin embargo, de atrás para adelante. Es decir, al final de los proyectos, y no al principio. “Y en esa etapa yo ya no soy un abogado, sino un bombero que apaga los fuegos”.
Por eso Motilla celebra el cambio cultural que ha atravesado la industria en estos últimos años, que ha llevado a los abogados a entrar, por fin, desde etapas más tempranas de los proyectos, permitiendo sugerir modificaciones de guion para optimizar los incentivos y la financiación.
Como ejemplo, Motilla pone el caso de una hipotética película rodada en España, pero cuyo cast es estadounidense.
“Bueno, pues aquí ya empezamos a tener un problema, porque la legislación española trata distinto al productor internacional que al productor nacional. Los famosos artículos 36.2 y 36.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Y si es una coproducción internacional, mi película va a tener dos nacionalidades. Dependiendo de dónde quieras localizar, los incentivos fiscales van a formar parte de la financiación o no. Y si eso lo condimentas con que tienes una participación de equity, el inversor te va a pedir garantías de que ese incentivo fiscal va a cumplir todos los requisitos. Es un puzle. No lo puedes coser, pero lo tienes que hilvanar. Y si no lo tienes bien hilvanado, el proyecto no acaba de salir”.
Situaciones como la descrita, cuenta, son cada vez más frecuentes. Y derivan incluso en conversaciones entre los abogados y los directores para ver si determinadas localizaciones o territorios se pueden utilizar o no en los rodajes.
“Hay que hacer el tetris. Nosotros cuando hacemos los proyectos, llegamos a tener hasta 20 versiones distintas de hojas de financiación. Fíjate si tenemos que entrar muy pronto dentro de la producción”.
Según destaca Motilla, este rol de los abogados en el sector audiovisual no tiene nada de nuevo en la industria internacional. Iberoamérica, simplemente, se está poniendo al fin al día.
De hecho, el modelo llega directo desde Estados Unidos, donde el audiovisual “ya lo tiene de sobra incorporado”.
Por eso según Mauricio Fittipaldi, socio del estudio jurídico brasileño CQS/FV Advogados, la llegada de las plataformas también explica el impulso de la figura de los abogados en los rodajes.
Los streamers, en su mayoría pertenecientes a los majors de Hollywood, comenzaron a exigir un estándar más internacional para hacer las cosas, tanto delante como detrás de cámaras. Y eso incluye la redacción de contratos, el copyright clearence o el análisis de los derechos.
Paradójicamente, es la caída en la inversión en originales por parte de las plataformas lo que está acelerando todavía más la necesidad de contar con abogados, según Fittipaldi. Es que, sin tanto capital destinado a originales, los productores están recurriendo a modelos de negocio más complejos y más creativos, financiados con múltiples inversionistas.
“Veremos más coproducciones, sean nacionales o internacionales, porque así se multiplican mercados y se facilita la monetización. Yo creo que este es el camino para los próximos años”, argumenta el abogado, que ha estado involucrado en producciones brasileñas para todos los streamers, con títulos como ‘Desperate Lies’ (Netflix), ‘Ciudad de Dios’ (Max), ‘DNA del Crime’ (Netflix) o ‘Rio Connection’ (Globoplay).
Pero esto genera un desafío para los productores de Iberoamérica, que es operar con estándares internacionales también en aspectos legales.
“Desde nuestro punto de vista como abogados en este sector, uno de los principales retos es justamente darles a nuestros clientes un servicio que tenga propiamente un estándar internacional”, dice Fittipaldi. “Y eso va a ayudar mucho en este escenario en el que las coproducciones internacionales van a tener más espacio”.
“Los productores que triunfarán son los que sepan trabajar en este estándar global”, agrega.
La combinación de España y América Latina es además otra de las grandes oportunidades que están pendientes de ser aprovechadas, no solo desde el punto de vista de las historias, sino también de los incentivos.
Según explica Patricia Motilla, si bien dentro de la Unión Europea es posible combinar incentivos de dos o más países, los beneficios no pueden superar el 50%.
“Pero dependiendo cómo instrumente mi rodaje, los puedo combinar con incentivos colombianos o ecuatorianos. Y en una óptima financiación puedes llegar a casi un 60% o 70% de coste de recuperación gracias una buena utilización de los incentivos fiscales”.
Desde Andersen, asegura, ya lo están haciendo “muchísimo”. “Esto da una riqueza muy importante a la financiación. En los últimos años ha sido la revolución”.
Por todo esto, Helena Suárez, socia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones del estudio español ECIJA, opina que la presencia de un abogado especializado en la industria audiovisual no es solo recomendable, sino imprescindible.
“El desafío para los productores es estructurar sus proyectos de manera que estos incentivos se maximicen”, destaca en una columna de opinión escrita para este mismo especial.
“La ingeniería financiera de un proyecto audiovisual implica el manejo de contratos complejos, acuerdos de coproducción, licencias, cesión de derechos, contratos con plataformas y la gestión de incentivos fiscales, entre otros aspectos. Un error en cualquiera de estos frentes puede poner en riesgo a toda la producción”, asegura.
De ser vistos como bichos raros, los abogados ya son una figura más dentro de cualquier producción. Pero, ¿siguen siendo caros? Según Motilla son en realidad una fuente de ahorro.
“Tengo clarísimo que somos un ahorro. Les hacemos ganar dinero a los productores y les damos seguridad de cara a los inversores”.
