Las asociaciones agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productores Independientes en España (PAP) reclamaron al Ministerio de Cultura una mesa de diálogo urgente para actualizar el proyecto de la Ley del Cine, redactado en 2022 y que consideran desfasado frente a la realidad actual del audiovisual.
AECINE, DIBOOS, PROA, PIAF-MAPA y PROFILM celebraron el impulso del Ministerio para retomar la tramitación de la norma, pero cuestionaron que el proceso avance sin una revisión técnica con las organizaciones afectadas directamente por la ley.
“Una ley que no contempla el sector tal y como existe hoy tiene muchas probabilidades de llegar obsoleta el día de su publicación en el BOE”, señalaron las entidades en un comunicado.
Según las asociaciones, el proyecto que vuelve ahora al debate parlamentario es el mismo que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2022, que quedó paralizado por el adelanto electoral y que fue remitido nuevamente al Congreso el 11 de junio de 2024 sin modificaciones.
Desde entonces, indicaron, el texto ha permanecido bloqueado mediante sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas, pese a los anuncios del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y del secretario de Estado de Cultura sobre su inminente tramitación.
El propio Urtasun había prometido su aprobación antes de que terminara 2025, un plazo que tampoco se cumplió.
Las asociaciones también recordaron que la Ley del Cine no figuraba en el Plan Anual Normativo para 2026 aprobado recientemente por el Gobierno, algo que, según señalaron, no sorprendió al sector ante la falta de activación del diálogo previo con el Ministerio de Cultura.
Para PAP, el problema central es que el texto no incorpora cambios sustanciales que han transformado el audiovisual desde 2022, como la irrupción de la inteligencia artificial en la producción, la consolidación de nuevas plataformas, la evolución del marco europeo de ayudas y los cambios en los patrones de consumo.
“El texto que se tramita no resuelve los problemas que debería resolver”, afirmaron las asociaciones, que insistieron en que su participación no es solo una cuestión de representación sectorial, sino una garantía de calidad técnica para la norma.
Uno de los puntos más sensibles sigue siendo la definición de productor independiente.
Las asociaciones recordaron que, durante la tramitación de la Ley General de Comunicación Audiovisual en 2022, el sector ya había advertido que la definición incluida podía abrir la puerta a que empresas vinculadas a grandes grupos accedieran a ayudas y cuotas pensadas para proteger a las pequeñas y medianas empresas audiovisuales.
Según PAP, en aquel momento representantes del Gobierno trasladaron al sector que la futura Ley del Cine corregiría esa situación.
Sin embargo, las entidades sostienen que la definición incluida en el texto actual no resuelve el problema y mantiene el riesgo de que recursos públicos destinados a la producción independiente terminen beneficiando a los grandes grupos frente a los que se buscaba equilibrar el mercado.
Las organizaciones afirmaron que no se oponen a la tramitación de una nueva Ley del Cine, sino que la consideran necesaria, pero pidieron que el proceso incorpore de forma efectiva al sector antes de seguir adelante.
En concreto, solicitaron al Ministerio de Cultura una reunión de trabajo urgente para conocer el estado actual del texto y las eventuales modificaciones previstas, un calendario de consulta técnica con plazos verificables y la apertura de un grupo de trabajo específico sobre la definición de productor independiente y la actualización del articulado a la realidad del sector en 2026.
