Continúan en Brasil las reacciones adversas a la nueva redacción del proyecto de ley PL 8.889 de 2017 (Ley del Streaming), que busca regular el streaming brasileño y que es considerado por varias asociaciones de productores independientes, programadores y operadores locales como riesgoso para la salud del sector por haber flexibilizado los aportes y compromisos de los streamers globales.
Entre los numerosos temas en discusión, organizaciones como la Asociación Brasileña de Autores y Guionistas (ABRA), la Federación de la Industria y Comercio Audiovisual (FICA) y diversos colectivos de productores independientes y guionistas (que se manifestaron ayer en las calles de las principales ciudades brasileñas), señalan desacuerdos en tres aspectos principales.
El primero es el porcentaje de la Contribución para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional (Condecine) que se pasaría a cobrar a los streamers sobre el total de su facturación: la nueva versión de la ley reduce ese valor del 6% al 4%, disminuyendo los recursos que luego se destinan a conformar fondos públicos para la producción nacional, como el Fondo Sectorial Audiovisual (FSA).
El segundo es la modificación del destino de esos fondos, ya que el nuevo proyecto habilita a que los streamers descuenten hasta 70% del impuesto a través de inversiones directas, lo cual abre la posibilidad de que las empresas internacionales cubran la mayoría del impuesto con producciones propias, en detrimento del dinero destinado a la producción local.
“En la práctica, la cuota efectiva de contribución a los incentivos públicos, que antes era de 3%, podría reducirse a menos del 1%”, expresa un informe técnico publicado por la Agencia Nacional del Cine (Ancine), en referencia a la nueva versión del proyecto de ley redactado por el diputado Doutor Luizinho.
El tercero es la cuota mínima de producciones nacionales exigida por ley en los catálogos de streaming, que en la anterior propuesta que el sector venía trabajando con la diputada Jandira Feghali era de 20% y ahora se reduce al 10% (aunque los streamers proponen que sea de 5%).
Por otra parte, también surgieron reacciones a diferentes intereses que se ven modificados por la nueva redacción, como es el caso específico de la TV paga a través de la Asociación Brasileña de Televisión Paga (ABTA), que rechaza la doble tributación impuesta a programadores y operadores, entre otros aspectos.
Desde la otra vereda, Strima, organización que representa en Brasil a Netflix, Amazon, Disney+, HBO Max y Globoplay, también manifestó su rechazo al proyecto, pero por otros motivos: quiere que el Condecine sea de 3% en lugar de 4%, que la cuota de contenidos brasileños en los catálogos sea de 5% en lugar de 10% y sugiere que se reconozca la inversión ya realizada en el país por los streamers como parte del aporte a la industria nacional.
Así las cosas, luego de meses de arduas negociaciones y con distintos proyectos de ley conviviendo y compitiendo en el congreso para lograr imponer intereses sectoriales, la disputa política por la regulación del streaming está más viva que nunca.
El riesgo es el desgaste de una industria que espera y ve cómo ya transcurrió un año en el que podían verse resultados concretos (una ley que no fuese perfecta pero que sentara las bases para avanzar, como se ha dicho), pero que se va con los ecos de los mismos debates que se vienen escuchando hace varios años.
