La nueva redacción del Proyecto de Ley 8.889 de 2017, conocida como Ley del Streaming e impulsada desde el parlamento brasileño por parte de su diputado relator Doutor Luizinho, propone cambios que afectan directamente el bolsillo de las empresas de TV paga y atenúan sanciones a los grandes streamers, motivo que ha suscitado fuertes críticas del Ministerio de Cultura (MinC) de Brasil.
El nuevo parecer, que modifica una versión presentada al congreso por el mismo diputado tan solo cuatro días antes, introduce cambios sustantivos en distintos temas (tributación por tipo de empresa, cuotas de contenido nacional, sanciones y plazos de adecuación, entre otros) con el objetivo de allanar el camino en una negociación que viene trabada en la búsqueda de la actualización regulatoria de los servicios de streaming en Brasil.
El principal cambio es con respecto a sí mismo: en la versión presentada el 27 de octubre, la nueva redacción eliminaba artículos de la Ley del Servicio de Acceso Condicionado (SeAC), normativa que define las reglas del juego de la TV paga, brindando la oportunidad a que productores de contenido sean operadores de telecomunicaciones y que los operadores de telecomunicaciones adquieran contenido, algo que el SeAC prohibía.
Ahora bien, cuatro días más tarde, se vuelve atrás en esta innovación que podría dar mayor margen de negocio a los actores de la TV paga, reintroduciendo la prohibición. Adicionalmente, se mantiene otro gran problema del texto para ese sector: la doble tributación, ya que a los operadores de TV paga, que ya pagan los impuestos Condecine-Teles y la Condecine-Remesss en el modelo tradicional, no se les exime del nuevo Condecine Streaming que crearía la ley, el cual deberían pagar solo por haber optado por un modelo OTT de distribución. Tal sería el caso de grandes jugadores locales como Claro TV+ y Sky+.
Otras modificaciones importantes introducidas por Doutor Luizinho incluyen la reducción del nuevo impuesto Condecine Streaming, que deberán pagar las plataformas globales, del 6% (valor al que aspira el MinC y las productoras independientes) a 4%; además de reducir las sanciones para las empresas en caso de incumplimiento: el valor máximo de multa descendió de R$100 millones a R$50 millones (de unos US$ 19 millones a US$ 9,3 millones, aproximadamente), entre otras medidas de flexibilización.
“El MinC considera que el texto presentado por el diputado Luizinho (PP-RJ) al Proyecto de Ley que regula los servicios de streaming representa un retroceso respecto de las directrices elaboradas de forma técnica, participativa y democrática durante los últimos dos años entre el gobierno y el sector audiovisual. El dictamen del relator reduce el alcance de la política pública de fomento al audiovisual brasileño, debilita el papel del Estado en la regulación del sector y desestima pilares esenciales defendidos por el MinC y la Agencia Nacional de Cine (Ancine)”, expresó el ministerio en un comunicado.
Entre los principales puntos que motivan la reacción del MinC, se encuentran la excesiva flexibilización de reglas y excepciones que “abre brechas para el incumplimiento de las obligaciones de contenido nacional”; el debilitamiento del Condecine como principal instrumento de financiamiento del audiovisual brasileño; y la reducción de la responsabilidad de las plataformas extranjeras, lo que “contraviene el principio de igualdad de condiciones con los agentes nacionales”.
Por este y otros motivos, el MinC ha solicitado que la votación de esta versión, presentada el pasado 31 de octubre, sea aplazada para que el congreso pueda estudiarla con mayor profundidad, movimiento que refuerza la tensión cruzada que ha dominado este proceso parlamentario y contribuye a la incertidumbre acerca de la definición de la ya ampliamente dilatada regulación del streaming en Brasil.
