El Senado de México aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, una normativa largamente discutida que busca actualizar el marco regulatorio del sector frente al crecimiento de las plataformas digitales, y que prevé nuevos estímulos fiscales a la producción audiovisual mexicana.
La ley sustituye a la anterior Ley Federal de Cinematografía y amplía su alcance para incluir no solo al cine, sino a todo el ecosistema audiovisual, desde la producción hasta la distribución y exhibición en múltiples ventanas.
Además, a través de su aprobación, quedó elevado a estatuto de ley el Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), lo cual asegura los fondos del programa de incentivo a la producción nacional en el presupuesto del país, blindándolo así de los vaivenes políticos.
Uno de los ejes centrales de la nueva ley es el reconocimiento del audiovisual como una actividad estratégica para el desarrollo cultural y económico del país, así como la promoción de contenidos nacionales en un entorno cada vez más dominado por plataformas globales.
En ese sentido, la legislación incorpora medidas orientadas a fomentar la producción mexicana independiente, incluyendo incentivos, apoyos y mecanismos de financiamiento a través de organismos públicos como el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).
Además, establece lineamientos para garantizar mayor visibilidad al contenido nacional, con medidas concretas como: un período mínimo de 14 días en cartelera a las películas mexicanas; una reserva general del 10% del tiempo total de exhibición para producciones mexicanas; o la obligación por parte de las plataformas de streaming de ofrecer una sección que garantice la visibilidad del cine y audiovisual mexicano.
La normativa también introduce cambios en materia de preservación del patrimonio audiovisual, fortaleciendo las obligaciones de resguardo, digitalización y acceso público a obras cinematográficas y audiovisuales.
Otro de los aspectos relevantes es la redefinición del papel del Estado como impulsor del sector, con una mayor coordinación entre instituciones y políticas públicas orientadas a atraer inversión, coproducciones internacionales y desarrollo de talento.
La ley ya cuenta con aprobación en el Senado y Diputados, por lo cual quedará vigente luego de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
