Más de 600 profesionales del sector audiovisual firmaron una carta abierta enviada al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y a sus ministros y ministras, donde señalan la urgencia de avanzar en la votación del proyecto de ley que regula las plataformas de streaming en el país.
La carta muestra el empantanamiento del tema en el parlamento brasileño que, tras varias idas y vueltas legislativas, presiones empresariales y debates existenciales sobre la naturaleza del negocio, empieza a poner en riesgo la oportunidad de sumar inversiones en un momento clave para la industria del país.
“La regulación del VOD lleva más de una década de atraso. Brasil es hoy el segundo mayor mercado mundial para las plataformas globales de streaming, pero no cuenta con mecanismos regulatorios que aseguren contrapartidas financieras, de programación y de propiedad intelectual acordes con ese peso”, expresa la carta.
El documento está firmado por diferentes personalidades del cine y la televisión, como los recientes ganadores del Oscar por la película ‘I’m Still Here’, el director Walter Salles y la actriz Fernanda Torres, además de los directores Fernando Meirelles, Kleber Mendonça Filho, Laís Bodanzky, Petra Costa, José Padilha y Cao Hamburger; y de actores como Wagner Moura, Marjorie Estiano y Rodrigo Santoro.
Los firmantes de la carta ponen como ejemplo a países como Corea del Sur, “que viene tratando al audiovisual como industria estratégica”, y a Francia e Italia, que gravan a las plataformas con un 10% y 25%, respectivamente, de su facturación.
En ese sentido, se muestran favorables a la reciente modificación ingresada al parlamento brasileño por parte de la diputada Jandira Feghali, que propone subir el impuesto Contributivo para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional (Condecine) del 3% al 6% para los streamers, algo que consideran “el piso necesario para garantizar una mínima sostenibilidad”.
“Estas empresas globales llevan 10 años en Brasil sin pagar Condecine, contribución destinada a nuestra industria y exigida a todos los agentes que operan en el país. Lo que produjeron, utilizando nuestros talentos e historias, lo hicieron quedándose con la propiedad de las obras. Para que una obra sea brasileña, es fundamental que su propiedad pertenezca a brasileños”, expresan.
Por otra parte, se exige también una actuación del Ministerio de Cultura “en defensa de los intereses del sector audiovisual brasileño” y una “actuación conjunta del Ejecutivo y de sus liderazgos en la Cámara para asegurar una tramitación ágil y resistir las presiones de los sectores contrarios a la regulación”.
Además de estas presiones, la discusión regulatoria en torno a este proyecto de ley ha tomado dimensiones mayores que el objetivo inicial concreto de gravar a las plataformas internacionales con un impuesto que aún no pagan y que sería destinado a impulsar a la industria audiovisual nacional.
Así, discusiones acerca de la propiedad intelectual de las obras, la modificación de cuotas de pantalla o la inclusión de agregadores y servicios de telecomunicación en la cadena de valor audiovisual han dilatado el proceso legislativo.
En un tema donde Brasil muestra un claro atraso en comparación con la industria internacional, buena parte del sector cree que es necesario aprobar una ley que, aunque no cubra exhaustivamente todos los temas, pueda sentar unas bases mínimas para avanzar con los demás aspectos.
