El actor Jon Voight, al frente de un grupo de trabajo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para reactivar Hollywood, ha presentado una serie de medidas destinadas a impulsar la producción audiovisual en Estados Unidos.
Entre las propuestas destacan un crédito fiscal federal, aranceles a las producciones rodadas en el extranjero, tratados de coproducción internacional y el regreso de la norma FIN-SYN, que en su momento prohibía a las cadenas de televisión ser propietarias de los programas que emitían.
La primera medida del borrador, publicado inicialmente por Deadline, plantea un crédito fiscal federal “acumulable y transferible” del 10% que se sumaría a los incentivos ya existentes en cada estado. Las producciones que se filmen en zonas económicamente deprimidas o que sean independientes con presupuestos por debajo de un cierto umbral podrían acceder a incentivos adicionales de entre el 5% y el 10%.
Para acceder al beneficio, al menos el 75% de la producción física y la posproducción deberá realizarse en Estados Unidos. Además, el proyecto deberá pasar un “test cultural” estadounidense inspirado en el modelo británico.
Según el documento, presentado a Trump el pasado fin de semana y probablemente origen del reciente y polémico mensaje del presidente en redes sociales sobre imponer aranceles del 100% a películas de “tierras extranjeras”, el crédito fiscal aplicaría tanto a largometrajes como a series para plataformas de streaming, canales de TV, señales de cable y servicios digitales como YouTube y Facebook.
Voight, junto a su asesor especial Steven Paul y el presidente de SP Media Group, Scott Karol, lleva meses reuniéndose con sindicatos, gremios y figuras clave del sector para entender mejor los desafíos que enfrenta la producción estadounidense. Paul explicó a Variety que el documento se filtró sin autorización y que fue “elaborado únicamente como base de discusión”.
Entre las propuestas también se contempla la implementación de aranceles para “traer de vuelta a Estados Unidos las producciones de estudios y plataformas de streaming”. Según el texto, si un proyecto estadounidense “podría haberse producido en Estados Unidos” pero opta por irse al extranjero únicamente para aprovechar un incentivo fiscal, enfrentaría un arancel equivalente al 120% del incentivo recibido.
“No se trata de una penalización, sino de una medida necesaria para ‘igualar las condiciones’ y evitar una competencia perpetua por ver quién ofrece el mayor incentivo”, afirma el documento.
Uno de los puntos más llamativos del borrador es el regreso de la norma FIN-SYN (Financial Interest and Syndication Rules), que estuvo vigente hasta mediados de los 90 y prohibía a las cadenas ser dueñas de las series que emitían, lo que permitía a los productores retener los derechos de propiedad intelectual (IP). Además de reactivar FIN-SYN para los canales, el documento sugiere adaptar la norma a la era del streaming.
En el caso de licencias globales, Voight propone que la plataforma pague al productor una “prima mínima garantizada” equivalente al costo total de producción, calculada en función del tiempo que la plataforma mantiene los derechos en exclusividad. Para una licencia exclusiva de cinco años, la prima sería del 25%; de siete años, del 35%; y de diez, del 40%. Una vez vencido el período de exclusividad, el productor recuperaría los derechos bajo una licencia no exclusiva.
Si una plataforma adquiere derechos solo para algunos territorios, el productor podría optar por coproducir y cofinanciar junto al streamer. En ese caso, retendría los derechos en los territorios no licenciados y, tras el fin de la exclusividad, también en los territorios licenciados.
Además, los productores conservarían el control de los derechos para remakes, spin-offs y cualquier tipo de explotación derivada.
La propuesta de reimplementar FIN-SYN podría sacudir los cimientos del modelo actual de Hollywood, que se basa en la propiedad de los contenidos por parte de estudios, cadenas y plataformas. Sin embargo, encontraría respaldo entre productores y creadores que llevan décadas sin tener el control de sus IPs.
Finalmente, Voight también propuso establecer tratados de coproducción entre Estados Unidos y otros países. Los proyectos desarrollados bajo esos acuerdos podrían acceder al incentivo federal.
