Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), entidad que representa a 675 productoras audiovisuales del país, publicó en las últimas horas una carta abierta denunciando un “desmantelamiento” de las políticas de apoyo al sector audiovisual por parte del actual Gobierno de Brasil.
“Los últimos años han estado marcados por el desmantelamiento de la política construida en los 30 años anteriores”, lamentaron desde BRAVI, que detallaron factores como una falta de vigilancia a las cuotas de pantalla, lo que “permitió que el cine extranjero ocupara las salas de manera hegemónica”.
Denunciaron también que los incentivos fiscales “no se renovaron a tiempo” y que el dinero previsto para el Fondo del Sector Audiovisual es “constantemente reducido a pesar de que sus recursos provienen de una contribución tributaria pagada por el propio sector”, agregaron.
Además, lamentaron que el proyecto de regulación del streaming “no avanza”, que el Plan Nacional de Cultura “no se renueva” y que se proyecta la “extinción” de CONDECINE por “no estar prevista en el proyecto de la Ley de Presupuesto Nacional de 2023”.
“Esto acaba con una importante fuente de financiamiento de la actividad”, completaron.
A todo esto le suman una “persecución ideológica”. “Hay noticias de una dotación ideológica de ANCINE y de persecución a las productoras por el contenido de sus proyectos”, destacaron.
“Todo esto no solo va en contra de los mandatos constitucionales de la cultura, sino que ignora el inmenso potencial económico y simbólico de la producción audiovisual”, completaron.
Así las cosas, BRAVI reclama más políticas dirigidas al audiovisual por parte del Estado y la posibilidad de que la producción independiente pueda retener derechos de IP sobre sus producciones, tal como se viene reclamando en otras latitudes.
“No tiene sentido que Brasil sea el segundo mayor mercado consumidor de streaming, pero que sus productores de contenido sean solo proveedores de servicios, sin ningún derecho de propiedad intelectual sobre sus creaciones”, señalaron.
