La Motion Pictures Association (MPA), que representa en Brasil a Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment y Warner Bros. Discovery, ha solicitado a la Cámara de Diputados brasileña que se aplace la votación del proyecto de ley que regula los servicios del streaming en el país, el PL 8.889/2017.
Uno de los puntos álgidos de negociación es que, mientras que el proyecto aprobado inicialmente en el Senado (el PL 2.331/22) establece una tasa de 3% de impuestos sobre la facturación total de las empresas de streaming, el proyecto que quiere votarse ahora en Diputados habla de 6%, lo cual podría representar hasta el doble de aportes para los streamers.
“Las empresas (representadas por MPA) destacan que aún hay falta de consenso entre los actores de la industria, principal razón por la cual se hace necesario un debate más amplio”, expresa la MPA en una carta enviada a Diputados. “En su actual versión, el PL 8.889/2017 implica el riesgo fundado del aumento de costos para el consumidor, la reducción de inversiones y un obstáculo a la competitividad”.
Este mensaje llega en respuesta otra carta enviada a la Cámara el pasado fin de semana en defensa del PL 8.889/2017, firmada por más de 100 instituciones y entidades de la industria audiovisual independiente, entre asociaciones de cine, sindicatos, festivales y eventos de mercado.
“Este proyecto de ley propone una estructura de aporte justo, donde las plataformas de streaming contribuyen efectivamente con la industria audiovisual del país”, expresan. “Contrariando la desinformación que está circulando, este proyecto no impone censura ni beneficia solamente a los grandes conglomerados nacionales”.
El mencionado PL retoma un tema que se arrastra desde 2016, que tuvo su discusión suspendida a nivel legislativo durante los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro, y que fue reiniciada a partir de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.
Los principales temas que están en discusión y que generarían mayores costos y restricciones a los streamers son análogos a los establecidos por la ley de Servicio de Acceso Condicionado (SeAC) aplicada a la industria de la TV paga a partir de 2011, y que se actualizan en el contexto de streaming.
Entre ellos, destacan los porcentajes de aporte del impuesto Condecine-VOD (Contribución para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional) que pasarían a pagar; las cuotas obligatorias de contenido nacional y nacional independiente que pasarían a programar; la cláusula de “preeminencia” que propone destacar estos contenidos diferenciales para que no queden sepultados en los acervos; la “asimetría tributaria” entre servicios de streaming y otras plataformas digitales como redes sociales (consideradas “gatekeepers”) porque tienen modelos de negocios diferentes y deberían tributar diferente.
La discusión comenzó en el Senado, donde se aprobó un proyecto de ley análogo (el PL 2.331/22) que recibió tratamiento paralelo.
A pesar de que el Ministerio de Cultura no logró incluir algunas medidas que deseaba -como tasas mayores de aporte de Condecine-VOD y un direccionamiento de las inversiones hacia la coproducción con el objetivo de que los productores independientes mantengan la propiedad intelectual de las obras-, el gobierno tomó la decisión estratégica de no trancarlo y tratar de mejorar las condiciones en Diputados, donde el PL 2.331/22 aprobado en el Senado se está “cotejando” con el mencionado PL 8.889/2017.
La discusión de ambas Cámaras se articula a partir de los reportes técnicos solicitados de la Agencia Nacional de Cine (Ancine) y el Consejo Superior del Cine (CSC), los organismos responsables por establecer directrices para la formulación de las políticas audiovisuales de Brasil.
Entre las partes interesadas, hay un consenso general a favor de la regulación, pero cada paso legislativo evidencia varias divergencias sensibles en cuanto a las formas. La discusión continúa en Diputados.
