Mauro García, presidente de Brasil Audiovisual Independiente (BRAVI), explica el presente del sector en Brasil tras la llegada del nuevo gobierno y el tipo de regulaciones que reclaman los productores y que esperan que se aprueben en los próximos años.
“Reconstrucción” es la palabra que mejor define el momento de la producción independiente brasileña, según Mauro García, presidente de Brasil Audiovisual Independiente (BRAVI).
Es que luego de seis años de parálisis de las políticas públicas que impulsaban el contenido nacional (fondos públicos para la producción, incentivos fiscales, cuotas de contenido local), la cultura vuelve a entrar en la agenda de las nuevas autoridades que asumieron en Brasil el 1 de enero, una amplia coalición democrática encabezada por Lula Da Silva.
Y mirando hacia adelante, el sector independiente reclama ahora por nuevas regulaciones que definan, entre otras cosas, cuotas de contenido nacional, cuotas de contenido independiente y, sobre todo, retención sobre los derechos de IP.
Ya en 2011 el país había sido un precursor en América Latina con la Ley de Servicio de Acceso Condicionado (SeAC), que establecía cuotas para la producción independiente en TV paga.
Ahora, según García, hay que hacer lo propio con el streaming al impulsar una nueva regulación que se enfoque en el contenido y no distinga por tipo de plataforma de distribución.
Muchas de las propuestas, agrega, ya están encaminadas para ser aprobadas durante este período de gobierno.
¿Cuál es tu visión de la producción brasileña actual?
Tradicionalmente, el estándar brasileño de producción ha tenido una característica que se ha denominado como “de bajo presupuesto”, esto es, películas con un valor total de R$ 1,5 millones [US$ 285.000], aproximadamente. Ahí hay un contraste con los largometrajes de Estados Unidos, pero también con las series de las plataformas, que aumentaron mucho su valor por episodio, por su alta complejidad y nivel de producción. ¿Cómo hacemos para subir el nivel de producción para competir en el mercado global si la realidad brasileña no está a la altura? Las líneas de incentivo como el Fondo Sectorial de Audiovisual (FSA) o las de cada estado están más sintonizadas con el paradigma de bajo presupuesto que con los altos estándares de producción.
Por otra parte, también hay límites para la captación de recursos. Ahora hemos solicitado que se aumente el techo de inversión en la Ley Audiovisual para todos los artículos, algo que no tuvo ningún reajuste todos estos años. La situación pasa por entender en qué lugar competirá la producción independiente brasileña. España o los países nórdicos, por ejemplo, han subido mucho sus niveles de producción para competir con los streamers. ¿Y Brasil?
¿Qué medidas específicas deberían tomarse para abordar esta cuestión?
Primero atender lo urgente, pero no quedarse solo en el mercado interno: hay que contemplar el movimiento que nos lleva a lo global. Uno de los puntos fundamentales y urgentes, que comenzó a discutirse hace algunos años a partir de la regulación de los servicios bajo demanda, es la participación de las productoras en los derechos patrimoniales de las obras, aún en aquellas que son consideradas como servicios de producción, donde el valor es integralmente pago por el contratante, como es el caso de las plataformas que no utilizan dinero público.
Esta cuestión está sobre la mesa, porque la participación con dinero público del FSA exige que el proponente, la productora independiente, retenga la mayoría de los derechos, al menos un 51%, según lo determina la Ley de Servicio de Acceso Condicionado (SeAC). Y creo que, para una ley de video bajo demanda, este tema debe estar planteado desde el inicio. Porque la forma de salir de una situación de emergencia es apuntar a la sustentabilidad de las empresas, y eso solo es posible a través del derecho a la explotación comercial de sus obras. Si esta explotación queda en manos de otros, siempre tendremos productoras precisando de auxilio y créditos, porque solo reciben remuneración por producción, pero no por derechos. Vemos incluso fuera de Brasil un movimiento de otros actores, como guionistas e intérpretes, que también entienden que, como desarrolladores de la obra, merecen una participación en esos derechos.
¿Cree que eso se puede asegurar desde una reglamentación del segmento SVOD?
Como las plataformas aún no usan dinero público, el tema siempre se plantea a partir de los canales de TV paga y TV abierta, pero también queremos que se extienda a las plataformas: una revisión general. Precisamos un marco legal audiovisual que tenga como eje el contenido y no la tecnología. El contenido es la base de todo; incluso el video es el factor más determinante en la venta de paquetes de internet en el mundo. Si es tan relevante y su autoría refiere al desarrollo de las empresas productoras, ¿por qué las productoras no participan de los derechos y la explotación comercial en todas las tecnologías y formas de distribución? Es un tema prioritario para nosotros.
¿La reglamentación de los streamers sucederá este año?
Sucederá, pero no sé si este año. Hay proyectos que existen desde 2016, que estaban congelados tanto en la cámara de diputados como de senadores, que ya empezaron a moverse. Habrá una presión en el legislativo, además del ejecutivo y de los propios players del mercado. Las plataformas ya volvieron a discutirlo y está arriba de la mesa, porque hay una presión grande y estamos todos de acuerdo en que no se puede seguir estirando.
¿Por dónde vendrían los principales ajustes?
El origen de estos proyectos los discutimos de 2016 a 2018 en el Consejo Superior de Cine. Las bases en aquel momento eran: primero, la cuestión de los cobros. Eso implica que las plataformas también van a pagar CONDECINE [Contribución para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional], al igual que los demás players. Había consenso en eso y también en que el monto iba a ser determinado por el porcentaje de facturación de cada empresa en el rubro “distribución de video por demanda” (no de la empresa madre). Así que aún tendrá que discutirse el porcentaje y también el destino del dinero recaudado.
Luego, las cuotas de contenido: definir si se sigue la misma política del SeAC [que define cuotas mínimas de producción brasileña y producción brasileña independiente en pantalla]; la visibilidad (denominada “preeminencia”), que nos trae a una discusión que también está en Europa, sobre si el algoritmo debe hacerse público o no. Estas, sumado a la participación en los derechos patrimoniales, son las principales premisas, que continúan siendo las mismas.
